Experto advierte sobre “judicialización” del sistema tributario

Experto advierte sobre “judicialización” del sistema tributario
26.03.2008 | 17.06
“Si el Poder Ejecutivo para poner un impuesto va a depender de la decisión de la Suprema Corte estamos ante la judicialización del diseño tributario”, advirtió el economista Jerónimo Roca, uno de los autores de la reforma tributaria. “La situación fiscal del país hace necesario que no se regale alegremente recaudación a quien puede pagarla. El 15% de las jubilaciones más altas está en el 10% más rico de la población y tiene capacidad contributiva”, sentenció. “¿Cómo se puede promover no tocar más las jubilaciones, si uno las gravó por pasiva y por activa?”, preguntó en referencia a dirigentes de los partidos históricos.

(Emitido a las 8.50)
EMILIANO COTELO:
“No gravar el 15% de las jubilaciones más altas es irracional, injusto intergeneracionalmente y una nueva muestra de irresponsabilidad (fiscal).”
Con sentencias como esta, bien fuertes, los economistas Alberto Barreix y Jerónimo Roca salieron a defender en estos días el impuesto a la renta aplicado a las pasividades más altas.
Roca y Barreix, que integraron la comisión que elaboró la reforma tributaria, publicaron el jueves una columna en el semanario Brecha



En medio de la tormenta provocada por el fallo inminente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y cuando el debate, intensísimo, está concentrado en argumentos jurídicos, estos dos economistas optaron por polemizar desde una visión económica, financiera y tributaria, aunque no se contuvieron y agregaron también unos cuantos misiles políticos.
¿Por qué deben gravarse las pasividades más altas? ¿Qué sucede en otros países del mundo? ¿Qué ocurre si finalmente las pasividades quedan exentas?
Para hablar sobre este y otros aspectos, vamos a entrevistar a uno de los autores del artículo, el economista Jerónimo Roca.

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Roca, usted tiene un Master en Economía Financiera y hoy es candidato a doctor en Economía Pública por la Universidad Complutense de Madrid; entre 1993 y 2001 trabajó en la Asesoría Económica de la Dirección General Impositiva (DGI), participó de la comisión que elaboró los lineamientos de la reforma tributaria, y actualmente es consultor del BID y la CEPAL, además de asesorar a la Universidad Complutense de Madrid. Además, reside en Nueva York, donde lo hemos encontrado esta mañana.

JERÓNIMO ROCA:
Sí, estoy en Nueva York; y los próximos cuatro años me seguirá encontrando por aquí.

EC - Es curioso el papel que usted y Alberto Barreix han asumido como “custodios” de la reforma tributaria. En varios episodios en los cuales la reforma ha estado cuestionada, ustedes –que viven y trabajan en el exterior- han decidido salir a la opinión pública a defender la ley, e incluso lo han hecho trancando muy fuerte, con argumentos duros y filosos.
Es más, ustedes han aparecido como los más firmes abogados de la reforma, mucho más contundentes que los propios parlamentarios frenteamplistas. ¿Qué pasa? ¿Ustedes entienden que el ministro Astori queda muy solo en estas situaciones complicadas?

JR - Creo entender su pregunta. Para aclarar, nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno y no tenemos absolutamente nada en contra de los jubilados; en particular, no tenemos absolutamente nada en contra del 15% más rico de los jubilados, que son quienes pagarían el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Al resto, el IRPF no lo alcanza.
Con el gobierno hemos tenido coincidencias fuertes y hemos tenido también discrepancias. Por ejemplo, el ministro Astori fue quien selló la reforma de la DGI, que tiene varias de las ideas en las que Alberto venía trabajando desde 2001, a las cuales yo me plegué en el trabajo en 2003. Pero también tenemos discrepancias desde el inicio en puntos de esta reforma, como la definición del monto mínimo no imponible, la decisión –a nuestro entender– equivocada de postergar el núcleo familiar hasta 2011, que ahora se va a rever, las deducciones por hijos, no se tomó nuestra idea de la generalización del IVA al 17%. Es decir, hemos tenido encuentros y desencuentros.

EC - Pero en particular, ¿por qué hacen estas salidas a defender determinados aspectos de la reforma?

JR - Por pura convicción, porque creemos en el impuesto, y en el poco tiempo libre que tenemos salimos a defenderlo.

EC - Se lo pregunto porque parecería que ustedes han resuelto jugar el papel que tendrían que jugar los diputados y senadores del oficialismo.

JR - Ya le respondo a eso. Pero convicción por dos motivos, porque la situación fiscal del país, el callejón fiscal en el cual está el país, hace necesario que no se regale alegremente recaudación a quien puede pagarla. El 15% de las jubilaciones más altas está en el 10% más rico de la población y tiene capacidad contributiva. El impuesto fue diseñado para recaer sobre el 20% más rico de la población; sencillamente, el 15% más rico de los jubilados está dentro del 10% más rico, y por eso cae en el diseño. Nada más que eso.
Y porque consideramos que el sistema de imposición a la renta es uno de los dos pilares básicos de recaudación que tienen los países en desarrollo como Uruguay, junto con el IVA. Y no puede funcionar bien con agujeros. Por eso no se puede empezar a responder a los lobbies de turno o con oportunismo político, obsequiando recaudación de aquí, recaudación de allá, a gente que tiene capacidad contributiva.
Entiendo su sorpresa ante el hecho de que nosotros seamos más contundentes que gente del propio gobierno. A nosotros también nos extraña, nos parece que primeras figuras del gobierno han estado distraídas en temas como si el impuesto le pega o no a la clase media, cuando todos los estudios indican que el 85% del impuesto recae en el 20% más rico de la población, que no es la clase media en Uruguay ni en ninguna parte. Lo dicen nuestros primeros números en el trabajo de la comisión, los dicen los números que posteriormente hizo el ministerio, lo dice el Instituto de Economía de la facultad, lo dice un informe del Banco Mundial (BM). Sin embargo, primeras líneas del gobierno estaban distraídas en este tema mientras se empezaba a asistir a una judicialización del diseño del sistema tributario.

EC - Judicialización del diseño del sistema tributario, eso es lo que ustedes perciben que está empezando a ocurrir. ¿Puede aclarar un poco más el concepto?

JR - Ese es nuestro temor. En teoría del crecimiento económico es difícil encontrar consensos, porque un país crece y todo el mundo dice: “Este es el modelo de crecimiento”. Pero luego el país se desmorona y con él se desmorona el modelo. Pero últimamente ha habido cierto consenso en que la calidad de las instituciones es muy relevante para el crecimiento, no hay crecimiento sostenido sin calidad de las instituciones. Instituciones definidas en sentido amplio, como normas y cumplimiento de las normas; como reglas de juego y cumplimiento de las reglas de juego. Porque eso asegura los derechos de propiedad y levanta la incertidumbre, dos temas muy sensibles para la inversión. La justicia cumple un papel clave entre las instituciones, un papel clave en el cumplimiento de las reglas de juego.
Con Alberto, desde que empezamos a escribir sobre la administración tributaria y la política tributaria de Uruguay, allá por el año 2003, siempre estuvimos preocupados por la lentitud de la justicia en Uruguay. En Uruguay cobrar una deuda comercial por la vía judicial demora dos años, algo así como 15 veces más que el tiempo requerido para abrir una empresa. Y una justicia económicamente lenta en el siglo XXI es injusta. Más del 80% de los empresarios uruguayos le dijeron al BM que la justicia era lenta o muy lenta. Nosotros siempre estuvimos preocupados por la lentitud de la justicia en Uruguay. Sin embargo, se oía hablar muy poco de este tema.
De un día para otro, por el contrario, se despertó una extrema sensibilidad, una hipersensibilidad, y se comenzó a presionar a la SCJ, entre velada y descaradamente, para que se pronunciase antes del plazo que tenía para hacerlo sobre la inconstitucionalidad del IRPF a las jubilaciones. Actores políticos de primera línea, que estuvieron involucrados en procesos lentísimos en la resolución de temas, como 15 años para resolver si privatizábamos o no parte de las empresas públicas, 25 años para resolver el tema de los derechos humanos, 20 años para resolver la reforma del Estado; la reforma de la educación sigue pendiente. Actores políticos de primera línea, involucrados en esos procesos lentísimos, que amenazaron con perpetuarse, de un día para otro se despiertan con una extrema sensibilidad por la lentitud de la justicia.

EC - ¿Usted alude, por ejemplo, al doctor Julio María Sanguinetti?

JR - Hay actores varios de primera línea que han estado involucrados en estos procesos y que también han reclamado hoy celeridad a la SCJ. No es relevante particularizar, nuestra crítica es más profunda, es a un modo de funcionamiento, liderado, sí, por ciertos actores políticos de primera de línea.
Uno dice: fenómeno, veámoslo positivamente, al fin se despertó una inquietud por que la cosa se corrija. Pero hay dos malas noticias: primero, la inquietud por que la justicia sea ahora ágil es en un tema que está laudado en todo el mundo, la inmensa mayoría de los países grava las jubilaciones con el impuesto a la renta personal.

EC - Usted manifiesta su preocupación por la judicialización del diseño del sistema tributario, pero es que, casualmente, hoy estamos ante un debate jurídico, se ha llevado el impuesto a la renta a las pasividades a los estrados judiciales, a la SCJ, y se está examinando si es constitucional o no. Ustedes, sin embargo, responden con argumentos de otro tipo, fuera de lo jurídico. ¿Cómo se entiende esta forma de salir a polemizar?

JR - Permítame terminar la idea de la judicialización. La otra mala noticia que tenía es que no solamente la lentitud importa, la agilidad de la justicia importa, sino que también importa que su fallo sea comprensible, que su fallo sea entendible por toda la sociedad, de modo que genere confianza.
Yo me pregunto: quienes ahora se preocupan por la velocidad de la justicia, ¿están también preocupados porque el fallo de la SCJ sea comprensible? ¿Quién le va a explicar a la sociedad uruguaya que el Impuesto a la Renta Personal (IRP), que gravó por más de 20 años las jubilaciones, sin mínimo no imponible, sin deducción alguna, con tasas que llegaron al 20%, fue declarado constitucional, y el IRP, que grava al 15% de las pasividades más altas, que son percibidas por jubilados que caen en el 10% más rico de la población, con un mínimo no imponible más alto que el de los trabajadores activos, con unas deducciones por salud que son el doble que las permitidas para los niños, va a ser declarado inconstitucional? ¿La SCJ va a explicar por qué el señor fiscal, en la parte jurídica de su argumentación, dijo que todos y cada uno de los argumentos recibidos o no eran de recibo o eran incorrectos?
Si el Poder Ejecutivo de turno para poner un impuesto va a depender de la decisión de la SCJ de turno estamos ante la judicialización del diseño del sistema tributario. Si dos de los ex integrantes de la SCJ estuvieran en esta Corte, el impuesto sería constitucional.
¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Cada vez que quiera poner un impuesto o hacer una modificación tributaria va a mandar su proyecto a la SCJ para que lo vea antes, corriendo incluso el riesgo de alguna filtración? Pero esa es una parte folclórica del asunto, en la cual no querría entrar.

EC - Un impuesto puede impugnarse por inconstitucional, el sistema que tenemos en Uruguay, el Estado de derecho, lo permite. ¿No debió haberse tenido en cuenta ese aspecto a la hora del diseño de la reforma?

JR - A la hora del diseño de esta reforma se tuvo en cuenta que el impuesto a la renta personal es el impuesto que más ha recaudado en la historia de la humanidad y el que más recauda actualmente. La SCJ no está lidiando con el impuesto a las llamadas telefónicas internacionales, a la cesión de futbolistas, a la compraventa de bienes en remate público, que son algunos de los 13 parches que pusieron gobiernos anteriores. Está lidiando con el impuesto que más ha recaudado en la historia de la humanidad, que más recauda actualmente y que, donde está cobra sobre las jubilaciones, sí o sí, siempre, desde la Alemania de Angela Merkel, que tiene un dual, a propósito, hasta la España de Rodríguez Zapatero, que tiene un dual a la uruguaya.

EC - Pero aunque en otros países rija, en Uruguay puede estar violando la Constitución.

JR - Déjeme decirlo con otro ejemplo. ¿Por qué hay algo así como una invasión de la justicia en algunos países, y no precisamente los desarrollados? Le pongo el caso de Guatemala: Guatemala tiene unos impuestos selectivos muy bajos, y un día llegó una misión del BID y dijo: “¿Por qué un impuesto selectivo al tabaco tan bajo, cuando tiene una externalidad negativa, porque causa un daño a la salud que después paga el resto de la sociedad? Hay que subir el impuesto selectivo al tabaco”. Cuando lo fueron a subir, le avisaron a la misión que la Corte Constitucional de Guatemala consideraba que no se podía subir más que un ridículo porcentaje porque, si no, caía en doble imposición con el IVA. La misión dijo: “Para conseguir la misma recaudación, subamos el IVA”. Los efectos de subir un impuesto al tabaco y de subir la tasa única de IVA son muy distintos. Fue la Corte Constitucional la que definió el impacto económico del diseño tributario en ese caso. La justicia tiene que tener muy claro hasta dónde puede ir.

EC - Es interesante su reflexión, pero ¿cómo se hace para poner esos límites al accionar de la justicia?

JR - Me temo que la pregunta no me la tiene que hacer a mí; es un tema jurídico en el cual no puedo entrar, porque mi ignorancia es enciclopédica. Yo hago la reflexión desde el ángulo de un economista macrofiscal, de un economista tributario.
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EC - “Los cuentistas en el cotolengo”, ese es el título de la columna que, defendiendo el impuesto a la renta a las pasividades más altas, publicaron la semana pasada en el semanario Brecha, y han hecho circular también a través del correo electrónico, los economistas Alberto Barreix y Jerónimo Roca, que hoy se desempeñan como consultores de organismos internacionales y fueron integrantes de la comisión que elaboró las bases de la reforma tributaria.
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EC - Ustedes son muy enfáticos al aclarar que, en el caso de las pasividades, el impuesto a la renta no grava a todas las jubilaciones y pensiones, sino solamente al 15% de las prestaciones más altas. ¿Por qué ponen ese acento?

JR - Porque nos da la impresión de que se quiere trasmitir la sensación de que el IRPF va contra todos los jubilados en general. Y en realidad el IRPF no va contra nadie, está diseñado de modo que su peso recaiga en el 20% más rico de la población. Y hay jubilados, el 15% de los jubilados, que perciben las jubilaciones más altas, que simplemente caen en el último decil, en el decil de ingresos más ricos de la población, y por ese motivo pagan.
Creo que somos coherentes en lo que hemos venido diciendo. Por el contrario, vemos una gran incoherencia en la gente que está promoviendo, en los actores políticos de primera línea que están promoviendo que no se toque más, ni por el IRPF ni por ningún otro impuesto, a las jubilaciones, entre lo que promueven ahora y lo que han hecho. ¿Cómo se puede ser el promotor de lo opuesto a lo que uno hizo? ¿Cómo se puede predicar que se haga exactamente lo contrario de lo que uno hizo? ¿Cómo se puede promover no tocar más las jubilaciones, si uno las gravó por pasiva y por activa?
En 1986, en el primer gobierno democrático, la inflación fue de más del 70%; el gobierno de aquel momento dispuso ajustes solamente para las jubilaciones menores a 100 dólares mensuales, que eran la inmensa minoría; las restantes, la inmensa mayoría, no fueron ajustadas, y cuando finalmente llegó el ajuste ya habían perdido un 20% de poder adquisitivo, esto que se llama impuesto inflacionario. Este recurso de ajustar las pasividades por debajo de la inflación, inaugurado por la dictadura y continuado por la democracia, fue lo que empujó a que través de un plebiscito en 1989 se introdujera el ajuste a las pasividades en la Constitución. La racionalidad está ahí. Ese abuso de quienes hoy promueven que las jubilaciones no se toquen nunca más fue uno de los factores que impulsaron a que hubiera un ajuste de las pasividades en la Constitución.
Pero aparte, el IRP gravó las jubilaciones durante más de 20 años, sin mínimo no imponible, sin deducción alguna y con tasas que llegaron al 20%. En el 97, cuando el IRP fue declarado constitucional, la tasa máxima era de 6%; la recaudación se había triplicado con respecto al 94 y ya era el 1,8% del PBI; dos años después fue del 2% del PBI, aproximadamente lo mismo que va a recaudar el IRPF. Que yo recuerde, en el 97 no había ninguna situación excepcional; lo único excepcional era que la venta de autos cero kilómetro volaba y era un primer indicador de que había una apreciación cambiaria que no se iba a poder sostener. Por lo demás, no recuerdo ninguna situación excepcional.

EC - Usted está respondiendo a los argumentos que han manejado quienes estuvieron al frente de los gobiernos anteriores, durante los cuales el IRP existió. El argumento ha sido: se aplicó un impuesto, sí, pero siempre dijimos que era malo y que lo eliminaríamos tan pronto las circunstancias, complejas, lo permitieran.

JR - Hay una gran verdad: el impuesto era malo; o rematadamente malo, si me apura. Pero que fue aplicado y diseñado para períodos excepcionales es incierto, absolutamente incierto. Le acabo de poner en un ejemplo: en el 98 se bajaron las tasas para los trabajadores activos, pero para los jubilados se mantuvo el 6%. Y en 2002, cuando los trabajadores activos que ganaban menos de tres salarios mínimos no pagaban IRP, los jubilados que ganaban menos de tres salarios mínimos pagaban un 1%. El IRP, para colmo de males, caía en una doble tributación en la que ningún impuesto a la renta personal caía en el mundo.
¿Qué es una jubilación? Una jubilación es una renta vitalicia que uno tiene a partir del valor actualizado de los aportes que hizo; yo aporté, se actualiza el valor y me dan una renta a partir de ese valor. Entonces, o gravo los aportes que hice o gravo la jubilación, no las dos cosas a la vez, como hacía el IRP, en flagrante doble imposición en la cual nadie cae en el mundo. La lista de males del IRP es inmensa, me estoy concentrado en el IRP sobre las jubilaciones, que es el tema de hoy. Como resumen: no es cierto, es claramente no cierto que haya sido un impuesto de momentos excepcionales, y es absolutamente cierto que era malo, rematadamente malo. El IRPF es infinitamente mejor.

EC - Volvamos al artículo que ustedes publicaron la semana pasada y que yo citaba al comienzo de esta entrevista. En él ustedes sostienen que “no gravar el 15% de las jubilaciones más altas es irracional, injusto intergeneracionalmente y una nueva muestra de irresponsabilidad fiscal”.
En primer lugar, cuando decimos que se grava el 15% de las jubilaciones más altas, ¿de qué cifras concretas se trata? ¿A partir de qué niveles se grava a las pasividades?

JR - Las pasividades se gravan a partir de las seis bases de prestación y contribución (BPC), pero cae dentro del impuesto solamente un 15% de ellas, que son percibidas por jubilados que están en el 10% más rico de la población. Y de ese total, solamente un 5% paga más de lo que pagaba cuando pagaba IRP.

EC - Desde la audiencia le preguntan si está hablando del 10% más rico de la población o del 10% con mayores ingresos. “No es lo mismo”, dice un oyente.

JR - Remite otra vez a la discusión de si ingreso es renta o renta es ingreso.

EC - Sí.

JR - Es el 10% de los individuos que tienen el ingreso per cápita más alto.

EC - Ese es el concepto. Vayamos a sus razones, las que por la negativa quedaban detalladas en la frase que yo citaba: “No gravar el 15% de las jubilaciones más altas es irracional, injusto intergeneracionalmente y una nueva muestra de irresponsabilidad fiscal”. ¿Por qué sí deben gravarse estas pasividades?

JR - Empezamos por el final, por lo de la irresponsabilidad. Uruguay está en el medio de un callejón fiscal, porque la presión tributaria no puede subir, pero tampoco puede bajar. No puede subir porque en el nivel en que está, aproximadamente un 30%, ya está recaudando por encima de su potencial, todos los estudios indican que está haciendo un esfuerzo superior al que debería hacer; más recaudación implicaría más distorsiones y atentar contra nuestro ya pobre crecimiento. Pero Uruguay tampoco puede recaudar menos, porque antes de realizar el primer gasto el gobierno ya tiene el 60% de su recaudación comprometida entre el pago de intereses de la deuda y el gasto en seguridad social; entre ambos totalizaban aproximadamente un 67% del PBI en el último quinquenio. Si a esto le sumamos los salarios públicos, que en 2005 fueron aproximadamente un 5% del PBI, si a 30% le resta 17% y 5%, se queda con un ingreso disponible de 8%. Ingreso fiscal disponible es un concepto que hemos manejado con Alberto para identificar el margen de maniobra que le queda al gobierno luego de haber pagado sus gastos comprometidos: intereses de la deuda, el gasto comprometido en seguridad social y los salarios públicos, que en cierto modo también son un gasto comprometido. Uruguay no puede renunciar a recaudación alguna porque está en medio de ese callejón, porque tiene un ingreso muy bajo para atender el gasto en educación, en salud, en infraestructura y en seguridad.
La seguridad social juega un papel muy activo en este callejón, porque fue 3,5% del PBI en la última década, más o menos se llevó un 40% del gasto total del gobierno en general. Esto es, 10 puntos más que Alemania, que Italia y que Japón, los tres países más envejecidos del mundo, que tienen aproximadamente un 26% de su población mayor de 60 años, mientras que Uruguay tiene un 18% de su población mayor de 60 años. Y también juega un papel activo la seguridad social porque tiene un déficit muy alto, de aproximadamente 5% del producto en la última década, se lleva uno de cada cuatro pesos de IVA. Entonces, que en medio de este callejón fiscal se proponga renunciar alegremente a la recaudación del impuesto a la renta personal que proviene del 15% de las jubilaciones más altas es una nueva muestra de irresponsabilidad.

EC - ¿Por qué es racional gravar a las pasividades más altas?

JR - Déjeme decir por qué decimos que es histórica, porque no quiero ser injusto y por un episodio hablar de irresponsabilidad histórica. Porque eso es crónico en la historia de Uruguay, en los últimos 50 años ha habido 46 años con déficit fiscal, entre el 85 y el 89 el déficit fiscal fue en promedio anual más de 5%, entre el 90 y el 94 fue de 1,7%, entre el 95 y a 2004 fue de más de 3%. Sumados, los déficits de los gobiernos del Partido Colorado, dan un 55% del PBI; la deuda hoy es de 70%. El gobierno actual, en medio de un ciclo muy favorable, con todo a favor –precio de los commodities, dinamismo comercial de los vecinos, tasas de interés bajísimas, dólar depreciado– no ha logrado empardar fiscalmente este comportamiento, esta irresponsabilidad histórica. Por eso tenemos una deuda financiera del 70% y una deuda tradicional de 180% del PBI, y por eso decimos que esto de hoy es una nueva muestra, un nuevo ejercicio de una irresponsabilidad que ya es histórica.
Un amigo politólogo me dice: en democracia los responsables pagan con votos. Y es verdad, en el 70% de los años del 55 para acá, sin quitar la dictadura, el partido que ganó tenía el 50% de los votos y hoy tiene el 8,5%; lo pagó con votos. Pero el problema es que también lo paga el país. Porque en el 55, el año en el que me paré para hacer el número anterior, Uruguay tenía el mismo PBI per cápita, en paridad de poderes de compra, que Francia, y tenía un PBI per cápita de aproximadamente cinco –por no decir seis o siete– veces superior al de Botswana. Hoy día tiene un PBI per cápita que es menos del 40% del de Francia e igual al de Botswana.
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EC - Quiero preguntarle por otro de sus argumentos a favor de que se grave a las pasividades más altas con IRPF. Usted entiende que eso es justo desde el punto de vista intergeneracional. ¿Por qué?

JR - El 50% de los niños de Uruguay vive bajo la línea de pobreza y, por suerte, solamente el 5% de los mayores de 65 años. Más del 10% de los niños vive en hogares indigentes y, otra vez por suerte, solamente el 3% de los mayores de 65 años. En los asentamientos, el 50% de la población son menores de 18 años y, otra vez por suerte, solamente el 5% son mayores de 65 años. El 65% del gasto público social en Uruguay va a mayores de 65 años, y solamente el 5,5% va a los menores de 5. Es absolutamente irracional que en un país uno de cada dos niños sea pobre y uno de cada dos pobres sea niño; todavía no hablo de solidaridad intergeneracional, hablo de racionalidad. Esto es una bomba de tiempo que puede explotar por falta de oportunidades. Estamos hablando de cohesión social, estamos hablando de estilo de vida; más crudamente, estamos hablando de seguridad.
Este contexto de situación catastrófica de la juventud uruguaya, ¿no amerita la solidaridad del 15% de las pasividades más altas? Dicho de otro modo: el futuro de Uruguay está muy comprometido por la situación que tienen los jóvenes hoy, lo cual se refuerza si uno piensa que el gasto en educación es solamente el 3% y el de Argentina es el 6%, o que el gasto en investigación y desarrollo es el 0,3% y el de Brasil es el triple. La juventud está desarmada para pelear con sus iguales en el mundo globalizado. Si encima el impuesto que no paga el 15% de los pasivos lo tienen que pagar ellos, es una nueva carga para los que se quedaron, porque ya se fueron unos cuantos. Entonces, como no hay almuerzo gratis –decía Friedman–, alguien tendrá que pagar eso.

EC - El argumento que se formula desde la vereda de enfrente es que los pasivos, por estar ya retirados, no tienen defensa alguna, no tienen modo de recuperar el poder adquisitivo que les quita el impuesto. No pueden, por ejemplo, agregar otro trabajo, etcétera, por su propia condición.

JR - Si hay algo particularmente incorrecto en el caso de Uruguay es eso. El ajuste por debajo de la inflación del que le hablé al principio, que provocó la inclusión en la Constitución del ajuste de las pasividades por el índice medio de salarios (IMS), determina que aunque los pasivos no tengan defensa, otros los defienden: los sectores del sector privado y los sectores del sector público, porque las pasividades se ajustan por el IMS. Cuando crece la productividad del sector privado, esto empuja el IMS y hace aumentar las pasividades; cuando el sector público sube los salarios a sus funcionarios –la mayoría de las veces sin criterio alguno de medición de productividad–, otra vez empuja el IMS y hace crecer las pasividades. La productividad real de los trabajadores del sector privado y la productividad ficta de los trabajadores del sector público empujan el IMS y hacen crecer las pasividades. Los jubilados no se defienden, otros los defienden; los números lo corroboran.

EC - De todos modos, el límite a partir del cual las pasividades pagan –dice una cantidad de oyentes que están mandando mensajes– no parece precisamente alto. Si estamos hablando de seis BPC, estamos hablando de 10.600 pesos. Llega más de un comentario de oyentes en esa situación: “Soy maestra recientemente jubilada, cobro 14.000 pesos; ¿debo pertenecer entonces a los más ricos del país?”.

JR - Los números no mienten, el ingreso per cápita promedio del decil más rico de la población estará hoy en 24.000 pesos. ¿Por qué es clarísimo que otros defienden a los jubilados? Porque del total de ingresos del decil 10 en el 86 un 11,5% eran jubilaciones; en el 97, luego de este ajuste, un 20% fueron jubilaciones; hoy es un 18,5%. El ajuste empujó las jubilaciones de los tramos medios de la distribución hacia los tramos altos.
Visto de otro modo: del monto total de jubilaciones pagadas, ¿cuánto cae en los deciles más ricos de la población? 33% eran percibidos en el 86, y en el 97, luego del ajuste, un 43%. Quiere decir que la reforma empujó las pasividades de los tramos medios a los tramos altos de la distribución. La reforma fue, contrariamente a lo que yo he escuchado –incluso en su tertulia–, regresiva; fue beneficiosa para un sector determinado pero introdujo una mayor desigualdad en la distribución del ingreso del país.

EC - Tenemos una cantidad de preguntas de los oyentes. Le planteo dos.
Usted criticaba el IRP porque, sostenía, gravaba doblemente a las pasividades; ¿no ocurre eso con el IRPF?

JR - No, el impuesto tiene el diseño técnico correcto, exonera el aporte al BPS y luego grava la jubilación; el IRP gravaba el aporte tradicional y gravaba las jubilaciones, en una flagrante doble imposición que nadie cometía en el mundo.

EC - Por otro lado, ¿cuánto recauda el IRPF aplicado a las pasividades?

JR - Creo que recauda 130 millones de dólares, aproximadamente 0,35% del producto.

EC - En caso de que la SCJ declare inconstitucional el IRPF a las pasividades y que, como se prevé, establezca argumentos que también impidan otras formas de tributación de las pasividades, ¿cómo queda el escenario? ¿Qué otras posibilidades tiene el gobierno para no perder recaudación?

JR - Primero, la recaudación del impuesto sobre las jubilaciones es relevante pero no es todo. El problema es que se empieza a agujerear un sistema que fue diseñado para que fuera completo, y caemos en la historia de siempre en Uruguay, los parches. Este sistema fue diseñado como un pilar, como un todo, como una estructura autosoportada, y no hay por qué comenzar a agujerearlo si está probado que quien está gravado tiene capacidad contributiva. Hay que poner las preguntas justas.
No tengo idea de qué va a resolver la Corte, si va a decir que es inconstitucional en pocos casos, que es inconstitucional en muchos casos, que es extensible a todo el IRPF, o incluso a otros impuestos directos. Hay que esperar. También hay que esperar porque se han anunciado muchos proyectos, que me gustaría estudiar cuando lleguen, los estamos esperando. Se ha anunciado un proyecto sustitutivo por una fracción minoritaria del Partido Nacional, un proyecto alternativo por la fracción mayoritaria, la propia izquierda dice que está enfrascada en el diseño de modelos que no recaigan tanto sobre la clase media –la van a tener un poco difícil, porque el 85% del impuesto recae sobre el 20% más rico–, pero si he sido contundente diciendo que el IRP a las jubilaciones era malo, que todo el IRP era un mamarracho, por la irresponsabilidad de unos yo no caería en la bravuconada de decir, “entonces ahora les pongo IRP a los jubilados”. A mí no me haga cómplice de la irresponsabilidad de unos, y no me haga responder a esa irresponsabilidad con un mamarracho que he criticado y seguiré criticando siempre.

Especial sobre la Reforma Tributaria
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Edición: Mauricio Erramuspe